La lucha por derechos de población Lgbt divide al Polo, en Bogotá

¿Qué hubo detrás del hundimiento del proyecto de acuerdo para brindarles mayores garantía a la población de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas? Informe de Óscar Fernando Sevillano.

El sector Lgbt de Bogotá (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas), a través de su grupo político que hace parte de las filas del Polo Democrático Alternativo (PDA) y que comúnmente se conoce como Polo Rosa, nuevamente fue víctima de la discriminación, esta vez por cuenta del concejal Orlando Santiesteban, quien curiosamente pertenece a la bancada del PDA en el Concejo de Bogotá. Por quinta vez consecutiva el concejal del PDA Carlos Vicente de Roux presentó a consideración del cabildo distrital el proyecto de acuerdo No 357 de 2007 mediante el cual se le otorga más atención a dicha población y se promueven campañas de tolerancia y no discriminación desde la etapa escolar. Muy a pesar de que la bancada del PDA había acordado apoyar esta iniciativa, en el momento de la votación, en la comisión de gobierno, el concejal Orlando Santiesteban sorpresivamente votó en contra, lo que provocó que el proyecto se hundiera. Dicha actuación del cabildante no solo causó la indignación de quienes conforman el Polo Rosa, sino que además provocó divisiones dentro de su partido, pues hizo ver que dentro del PDA no todos se entienden a la perfección.

El concejal Santiesteban justificó su procedimiento argumentando que por ser cristiano tenía derecho a la objeción de conciencia, razón por lo cual se salvó de que la dirección distrital del partido le retirara el aval. Sin embargo, le hicieron un llamado de atención para que respetara las decisiones tomadas de manera colectiva y no promoviera desorden en las votaciones. La activista del Lgbt y miembro de la dirección del PDA Blanca Inés Durán, considera que aunque no se retiró la inscripción del concejal –como lo solicitaron las personas que ella representa–, el hecho de que el Polo abandere y defienda los proyectos del Lgbt en la ciudad es un triunfo para esa franja poblacional. Mejor aún, que el concejal Santiesteban haya sido amonestado y llamado al orden por la bancada. La suerte de este proyecto quedó en el congelador. Para revivirlo es necesario que los autores lo vuelvan a presentar ante el cabildo. Es muy probable que lo hagan durante la segunda mitad del año y desde ya se habla de que Santiesteban deberá apoyarlo muy a pesar de sus convicciones personales.

El proyecto La ONG Colombia Diversa elaboró en 2005 un informe sobre las violaciones de derechos humanos contra las personas Lgbt en el país. En dicho documento denuncia que en 2005 Medicina Legal registró cinco asesinatos de travestis que ejercían la prostitución en la ciudad. Según la misma fuente, más de 50 homosexuales en situación de prostitución fueron asesinados entre 1999 y 2004 en el país. Muchos de esos homicidios fueron ejecutados con sevicia A pesar de que el informe fue entregado a la Fiscalía, los autores del mismo consideran que no hubo investigación adecuada ni acciones de alerta para prevenir hechos similares. Según investigaciones del médico forense Andrés Rodríguez presentadas en el Ciclo Rosa 2005 en Bogotá, (Periodo en que se realizan conferencias y se proyectan largometrajes con temas de diversidad sexual), en los años 2000 a 2005, ocurrieron 60 homicidios contra hombres homosexuales, en los que se observaron preocupantes regularidades en el móvil, lugar de los hechos y extrema violencia en el momento del crimen. Estas y otras situaciones han llevado a los activistas del Lgbt a unirse con el fin de ser escuchados en los escenarios políticos tanto nacionales como distritales. Cuando la congresista liberal Piedad Córdoba presentó esta problemática en el Senado y sugirió mecanismos de protección especial, hubo un sinnúmero de opiniones en contra de parte de la iglesia y sectores radicales, que provocaron el hundimiento del proyecto que la senadora pidió discutir. Con el pasar del tiempo estas iniciativas no solo han ganado espacio en los sectores de oposición al gobierno de Álvaro Uribe, sino también dentro de los congresistas de la coalición uribista como Armando Benedetti y Gina Parody. El concejal Vicente de Roux llevó el tema al cabildo bogotano en busca de una mejor convivencia ciudadana. La idea del concejal es incentivar las labores de cultura ciudadana a favor de dichas personas para que puedan ejercer su actividad libremente sin el temor de ser agredidos por la comunidad y por la misma fuerza pública. Pero además dicho proyecto de acuerdo deja abierta la posibilidad de que estas reglas de convivencia ciudadana que tienen como foco poblacional al Lgbt en un futuro hagan parte de las políticas públicas del distrito capital, siendo este punto la manzana de la discordia no solo entre los concejales de Bogotá, sino también entre los aspirantes a ocupar el segundo cargo más importante del país, ya que con esto se tendría que destinar recursos de la ciudad para hacer efectivas las políticas.

Revista Semana (Fragmento)-Fecha: 08/14/2007
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=105609

Impunidad ( Capítulo II)

La Fiscalía ha recuperado 760 cadáveres en más de 300 fosas.
La Unidad de Justicia y Paz ha cumplido con el artículo 48 de la ley, que ordena buscar a los desaparecidos o personas muertas, según el fiscal Luis González.
Según su reporte, han recibido información de unos 4 mil restos en fosas, de los que ya se han recuperado 760 cadáveres. Esto gracias a la información recibida dentro de las audiencias.
También han conseguido información preliminar para poder identificar los cuerpos de aproximadamente unas 250 personas.
Este trabajo de los fiscales e investigadores es soportado en los laboratorios, que se están uniendo para trabajar y compartir los pocos recursos que tienen para entregar entre 100 y 150 cadáveres en los próximos días.
Las víctimas
Sin embargo, el tema más difícil de manejar es la angustia de las víctimas para que se haga rápido el reconocimiento y se les entregue los restos de sus familiares.
Por eso el trabajo de las exhumaciones ha sido un reto para los forenses que deben trabajar con el mayor rigor para lograr las identificaciones.
Como lo publicó EL TIEMPO el pasado mes de abril, en un informe especial sobre las fosas, las víctimas y las personas que cometieron los crímenes, las historias que se desprenden de este drama son aterradoras. El trabajo más dispendioso ha sido la 'desenterrada' de los cuerpos.
A este trámite de las víctimas de los paramilitares se suman las de las Farc, de las que informantes han dado las primeras puntadas.
Uno de estos casos es el de Cundinamarca, donde ya se encontraron entre 5 y 7 cadáveres de personas secuestradas por el grupo subversivo.
Sobre homicidios, varios de los recluidos en cárceles han prometido entregar informaciones sobre los crímenes, porque lo ven como una oportunidad para contar "verdades".
Uno de los primeros casos que se presentaron fue el de la muerte de Elkin Varela, un periodista de Arauca.
El testigo se contactó con la unidad de Justicia y Paz y fue llevado al proceso. Su colaboración ha sido efectiva y el fiscal Luis González asegura que se debe velar porque esta persona reciba los beneficios de la ley por colaboración. "Nosotros no lo vamos a desamparar", asegura González.
En otros casos, personas privadas de la libertad han ayudado a esclarecer unos 14 homicidios.
Lo que sacrifican los fiscales de Justicia y Paz
Con 18 años de experiencia, el fiscal Luis González asegura que este ha sido el trabajo más arduo.
"Todos los fiscales que vinieron de la policía judicial están sacrificando a toda su familia, la gente pasa vive semanas y hasta casi un mes por fuera de la casa trabajando y recogiendo información", señala González.
Sin embargo, dice que algo que los anima a todos es la cantidad de información que se está recibiendo de restos humanos que están en centenares de fosas. " El Estado tiene que unirse para ir a recuperar esos restos, identificarlos y entregarlos a las víctimas. Eso no se puede postergar", añade.
Dice que otro punto que están trabajando para agilizar el trabajo es la solicitud a Acción Social de los edictos emplazatorios de 1.200 personas que no tienen antecedentes, para saber cuántos se quedan en Justicia y Paz.
"Queremos saber verdaderamente cuál es el marco que nos espera por enfrentar", dice.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 19jun07]